El gobierno abierto como un nuevo hito en la evolución del Estado social y democrático de derecho - Almonacid Lamelas, Víctor; Chaveli Donet, Eduard; Cantos Sala, Salma; Sancliment Casadejús, Xavier (CEFLegal. Revista práctica de derecho, 2014)
Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo. El gobierno abierto (open government) constituye la siguiente fase en la evolución del Estado social y democrático de derecho. Se puede definir como aquel que se basa en la transparencia como medio para involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. Habida cuenta de que el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos, parece el nivel de gobierno más idóneo para la implantación del gobierno abierto. En el presente momento esta participación se realiza principalmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y esta es una tendencia que tiende a crecer de forma exponencial, por lo que es importante definir bien el concepto gobierno abierto de cara a su mejor implantación presente y futura, una tarea que nos corresponde abordar. En la actualidad, los mejores ejemplos y experiencias de gobierno abierto se encuentran en América, mientras que en España se observa heterogeneidad y falta de convicción en estos proyectos, si bien en el lado positivo destacamos algunas iniciativas que bien pueden servir de modelo a seguir por otros gobiernos territoriales. Una de las dificultades que vamos a encontrar es la identificación y aplicación del régimen jurídico por el que se rige el gobierno abierto y sus pilares (transparencia, participación y colaboración). Dicha regulación se encuentra en las normas preexistentes, comenzando por los tratados y la Constitución, con mención especial de la LOPD –se analiza la problemática «datos abiertos» versus «datos personales»–, pero también en las nuevas leyes que tratan de responder, normalmente con retraso y poco tino, a la nueva realidad sociotecnológica. La Ley española de Transparencia es buena muestra de ello. Para adaptar toda esta normativa a las peculiaridades de cada nivel de gobierno, las distintas administraciones públicas disponen de su potestad reglamentaria, que en los gobiernos locales podría traducirse en ordenanzas de transparencia y datos abiertos, o de participación ciudadana. El proceso es complejo, ya que debe tener en cuenta factores legales, tecnológicos y sociales, pero imparable. Una vez se implante el gobierno abierto como forma de gobierno, no habrá marcha atrás en este proceso evolutivo de la democracia, ya que el ciudadano no aceptará un retroceso democrático.