Patrimonio histórico. Urbanismo. Responsabilidad patrimonial de la Administración pública - Fernández-Corredor Sánchez-Diezma, Javier (CEFLegal. Revista práctica de derecho, 2008)
El señor Martínez es dueño de un edificio situado en Madrid, donde se ubica la vivienda del mismo e igualmente existen otras seis viviendas que se encuentran arrendadas y subarrendadas. El citado edificio está declarado como Bien de Interés Cultural al formar parte de un Conjunto Histórico. Dada la escasa rentabilidad económica que su dueño saca del mismo, así como su antigüedad, el citado señor Martínez dirige escrito al órgano correspondiente de la administración autonómica solicitando autorización para el derribo del mismo, con el fin de edificar tres alturas más. En el citado escrito, se compromete a conservar la fachada del edificio, que era el motivo por el que el mismo formaba parte del referido Conjunto Histórico y por lo que había sido declarado como Bien de Interés Cultural. Mediante Resolución de 29 de agosto de 2000, notificado al interesado el mismo día, el Director General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, denegó dicha autorización, en aplicación de la legislación autonómica aplicable al caso, debido a la protección especial de que gozaba el referido edificio. El día 10 de diciembre del mismo año presenta recurso administrativo contra dicha denegación. Dicho recurso confirma la resolución originaria. La resolución del recurso se le notifica el día 2 de enero de 2001, presentando contra ella, en la oficina de correos más próxima a su domicilio, el día 27 de febrero, escrito de recurso contencioso-administrativo dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Decano de los de Madrid, para que procediera al reparto correspondiente. El citado recurso jurisdiccional tiene entrada en la sede del mismo el día 15 de marzo de 2001.