Jurisdicción, competencia y legitimación - Fernández-Corredor Sánchez-Diezma, Javier (CEFLegal. Revista práctica de derecho, 2007)
A continuación se exponen diversas cuestiones relacionadas con el orden contencioso-administrativo a fin de que se vaya dando fundada contestación en derecho: 1. La Secretaría General de Pesca Marítima de la Administración General del Estado impuso a una empresa una sanción consistente en multa de 90.000 euros, por infracción en la Ley de Pesca Marítima, posteriormente confirmada en recurso de alzada por el Ministro correspondiente. El sancionado interpone contra la misma recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Este órgano declina la competencia por considerar, en síntesis, que no es aplicable la competencia residual establecida en el artículo 10.1 j) de la Ley 29/1998, de 13 de junio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) porque se está en presencia de materia de pesca, encuadrable en los supuestos previstos en el artículo 8.º 2 b) de la referida Ley y porque, asimismo, no considera como un dato determinante para fijar la competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo el importe de la sanción. Llegado el asunto al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo entiende que la correcta interpretación de la letra b) del artículo 8.º de la LJCA, no permite atribuir la competencia al mismo. 2. Un ciudadano particular ha denunciado a un magistrado integrante del Poder Judicial por una hipotética responsabilidad disciplinaria en un asunto tramitado en el órgano jurisdiccional del que es titular dicho magistrado, y en el cual fue parte interesada. Como consecuencia de ello, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial incoó el oportuno expediente que finalizó mediante archivo de aquel órgano. El denunciante, entonces, agotada la vía administrativa, interpone el oportuno recurso jurisdiccional. En ambas vías de recurso, administrativa y contencioso-administrativa, no se admitieron los recursos por falta de legitimación del recurrente.