Solicitud de ejecución de sentencia que condena a la Administración al pago de una cantidad de dinero: Formulario - Fernández-Corredor Sánchez-Diezma, Javier (CEFLegal. Revista práctica de derecho, 2003)
Uno de los problemas más acusados que ha padecido la ejecución de sentencias de contenido económico en la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido la dificultad de hacer efectivas las condenas líquidas cuando la Administración alegaba la falta de dotación presupuestaria. El carácter inembargable de los bienes de las Administraciones Públicas, tanto los de carácter demanial como los de naturaleza patrimonial hacía, de facto, muy difícil lograr el efectivo pago de las cantidades líquidas. Tal y como determinan el artículo 44.1 de la Ley General Presupuestaria (LGP), Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y el artículo 18 de la Ley de Patrimonio del Estado, de 15 de abril de 1964. Sin embargo, ya la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 32/1982, de 7 de junio, señalaba que: «en ningún caso, el principio de legalidad presupuestaria puede justificar que la Administración posponga la ejecución de las sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones presupuestarias en el caso de que éstas no hayan sido previstas» y la posterior STC de 15 de julio de 1998 ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y bienes en general» del artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la medida en que no excluye de la inembargabilidad los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público, o sujetos a una legislación especial, pero el TC declara que las previsiones legales y reglamentarias en vigor respecto a los bienes de las entidades locales permiten que el acreedor proceda a una adecuada individualización y selección de los bienes patrimoniales al instar el embargo (art. 919 de la LEC de 1881) excluyendo correlativamente los bienes demaniales, los comunales e incluso los patrimoniales que se hallen materialmente afectados a un uso o servicio público.