Acción de impugnación de la paternidad matrimonial: caducidad y prueba

Comentario a la SAP de Madrid de 27 de septiembre de 2013

Resumen

En la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, el plazo de caducidad ha de correr necesariamente, desde que el padre registral tiene conocimiento de hechos que, al menos, le hagan dudar razonablemente del ajuste a la realidad de la filiación matrimonial, no siendo admisible que el inicio del cómputo quede al arbitrio de quien figura como padre, prolongando, sin causa alguna que lo justifique y por su propia conveniencia, el plazo de impugnación, en detrimento de la estabilidad del estado civil. El juzgador, teniendo en cuenta el informe pericial emitido por el Instituto de Toxicología, no dio opción a las partes para proponer pruebas en apoyo de sus respectivas posturas, argumentando la sentencia que el cómputo de un año a que se refiere el artículo 130 del Código Civil debe ser considerado desde que existe una prueba fehaciente de la exclusión de la paternidad, que en el caso no es sino la de 7 de marzo de 2011, conforme al informe pericial que se ha acompañado como documento de la demanda. El juzgador de instancia cerró a las partes la posibilidad de proponer prueba, no obstante la controversia suscitada, que no podía resolverse con la anteriormente incorporada a las actuaciones. La referida omisión procesal, no imputable a la parte apelante, sino decidida por el órgano a quo, ha de atraer necesariamente al caso las previsiones de los artículos 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo tenor los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial.