El deber de colaboración tributaria en términos de proporcionalidad

Resumen

El estudio, que a continuación se desarrolla, nace del interés de advertir la conexión existente entre dos preceptos constitucionales –el derecho a no inculparse y el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público– en relación con cómo se lleva a cabo este segundo mandato constitucional mediante la vigilancia de la Agencia Tributaria.

La hipótesis que se investiga es si el derecho a no incriminarse queda vulnerado cuando se aplica la Ley General Tributaria en su aspecto más coactivo, es decir, la imposición de sanciones por faltar al deber de colaboración con la Administración Tributaria, y si dichas sanciones son suficientes como para doblegar la voluntad del contribuyente hasta el punto de hacerle entregar documentación inculpatoria. Todo ello llevado a la consecuencia de que, con la información presentada por él, pueda ser este condenado en un proceso penal. De producirse la vulneración mencionada, se constatará si existe una proporcionalidad normativa, o si por el contrario esta no opera. Para ello se aplicará la regla de la precedencia condicionada de Robert Alexy. No se entra a estudiar el procedimiento sancionador tributario, por considerar de mayor interés las consecuencias en el orden penal.

En un primer epígrafe se plantea el conflicto descrito en la hipótesis, desarrollando los elementos generadores de la controversia. A continuación, un segundo epígrafe permite explicar detalladamente en qué consiste el procedimiento en sí mismo, incidiendo, de forma especial, en el modo en que se pasa del ámbito administrativo, a la jurisdicción penal. Seguidamente, en un tercer epígrafe, se profundiza sobre las propuestas doctrinales de dos catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, comparándolas en lo posible y extrayendo de ambas las oportunas conclusiones. Finalmente, en un cuarto epígrafe, se aplica la regla de precedencia condicionada de Robert Alexy en el deber de colaboración tributaria, respecto a la vulneración del derecho fundamental a no incriminarse. Las conclusiones cierran este estudio.