El escrito de alegaciones en el procedimiento de menores regulado por la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

Resumen

En todo procedimiento penal, tras la fase de investigación dirigida a la concreción de los hechos presuntamente delictivos con todas las circunstancias que puedan influir en los mismos, y a la determinación de sus autores, surge una fase previa a la celebración del juicio oral, consistente en la emisión por las partes de sus escritos de calificación provisional, es decir, califican los hechos en función de lo existente en las diligencias, y de ese modo entran en la fase de enjuiciamiento, donde, y a resultas de las pruebas que se practiquen, fijarán de forma definitiva sus posiciones.

El procedimiento de menores que regula la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, tiene como esencial peculiaridad, frente al resto de procedimientos penales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), que la fase de investigación, la instrucción de las causas que se abran al amparo de esa norma, se atribuye de forma exclusiva al Ministerio Fiscal. Así el artículo 16 de la citada Ley establece que «corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1.º de esta ley», y el artículo 6.º que «dirigirá personalmente la investigación de los hechos».

Además no se permite la intervención de otras partes acusadoras, ya lo sean como acusadores particulares o populares, tal como se desprende del artículo 25 de la mencionada Ley. Sólo se permite la intervención del perjudicado en aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos en los que haya concurrido violencia o intimidación grave, o con grave riesgo para la vida o integridad física de las personas, que se atribuyan a menores que hayan cumplido los 16 años en la fecha de los hechos.

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