Nulidad de pruebas realizadas con vulneración de los derechos fundamentales: la conexión de ­antijuridicidad

Abstract

El Juzgado de Instrucción de la localidad, como consecuencia de las investigaciones policiales, según las cuales existían, al parecer, personas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes, y que iban a recibir una importante cantidad de dicha droga con el fin de distribuirla entre las distintas discotecas de la ciudad, para lo cual se servían de un apartamento donde al parecer guardaban la sustancia, valiéndose de teléfonos móviles para concretar entregas y posteriores transacciones, procedió a la autorización de la intervención de las comunicaciones de varios titulares de teléfonos móviles, dictando el correspondiente auto, en el que se concretaban someramente las razones de la intervención, el plazo, un mes, susceptible de prórroga, y la necesidad de que fueran inmediatamente entregadas las grabaciones, para proceder a su cotejo con las transcripciones que debía realizar la Policía. El Juzgado, antes de recibir grabación alguna y de comprobar el contenido de las mismas, procedió a la prórroga de la autorización inicial, a petición de la Policía, sin más.

Posteriormente, a la vista de las escuchas, se comprobó la inminente entrega de una importe cantidad de droga, que efectivamente recibieron los imputados, que recibieron en la vía pública, ante la vigilancia de la Policía, y que produjo la detención de los intervinientes, ocupándoles una importante cantidad de dinero así como más de 800 gramos de cocaína, reducida a pureza.

Como consecuencia de las actuaciones instructoras, se detuvo a tres personas que integraban el grupo que se dedicaba a la venta de la droga, las cuales declararon ante el Juez de instrucción, con asistencia de abogado y del Ministerio Fiscal, reconocieron los hechos y la participación en los mismos.

Calificados los hechos como constitutivos de delito contra la salud pública, agravados por la circunstancia de notoria importancia, se celebró el juicio oral durante el cual las defensas solicitaron la absolución de sus representados, por entender que había existido una vulneración de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, que anulaba radicalmente todas las diligencias instructoras. Terminadas las sesiones del juicio oral, durante el cual se escucharon los testimonios de los policías, los informes de los peritos, así como los interrogatorios de los acusados, sin que se realizara la efectiva audición de las cintas, ya que las partes las dieron por reproducidas, se dictó sentencia por el Tribunal, que declaró nulas las intervenciones telefónicas, no obstante lo cual condenó a los imputados como responsables del delito objeto de acusación.