La importancia de la motivación económica de las operaciones de concentración y reestructuración empresarial y su incidencia fiscal

Resumen

Accésit Premio Estudios Financieros 2001

Las operaciones de concentración y reestructuración empresarial han disfrutado, tradicionalmente, de un régimen fiscal ventajoso ya que, de no ser así, el conjunto de impuestos que recaería sobre todas y cada una de las operaciones que integran ese proceso complejo haría inviable su realización.

No obstante ese régimen fiscal favorable, nuestro ordenamiento tributario ha manifestado, reiteradamente, su vocación de neutralidad, al objeto de que las empresas puedan realizar, libremente, aquellas operaciones que mejor convengan a sus necesidades y objetivos.

Por ello, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades ha configurado este régimen especial a través de dos principios básicos: el de neutralidad, mediante el diferimiento de las rentas puestas de manifiesto en la transmisión de los activos empresariales y participaciones societarias hasta su enajenación ulterior, y el de ausencia de intervención administrativa y formalidades especiales.

Pese a la evidencia de tales principios, las consecuencias que, en el orden tributario, se derivan de la realización de estas operaciones, determinan que la fiscalidad sea un condicionante positivo de extraordinaria importancia e influencia, lo que explica el considerable auge de estos procesos.

Precisamente para impedir que el «ahorro fiscal» sea el único móvil o el móvil principal en la realización de estas operaciones, la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros, contiene en su artículo 11.1 una cláusula de salvaguardia, también denominada antiabuso.

Constituye, pues, el objetivo del presente trabajo analizar el alcance y significación de esta cláusula, tanto en el ordenamiento comunitario, a la luz de la doctrina y jurisprudencia existente, como en nuestro Derecho, a la vista, tanto de la evolución normativa operada en el mismo, como de los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales.

Ello nos llevará a analizar el concepto de fraude o abuso aplicable a estas operaciones y las posibles consecuencias que de esta calificación se podrían derivar.