Hacia una configuración de la vía económico-administrativa que asegure el derecho a la tutela judicial efectiva

Resumen

Accésit Premio Estudios Financieros 1998

La posibilidad de recurrir en vía económico-administrativa los actos de la Administración Tributaria no sólo es un derecho de los contribuyentes sino que también es una obligación para ellos, puesto que es preciso agotarla antes de acudir a los Tribunales ordinarios.

Desde el punto de vista del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, la existencia de esta vía administrativa previa y preceptiva sólo está justificada en la medida que coadyuve a la consecución de este derecho. Ahora bien, la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto que el hecho de otorgar a la Administración la posibilidad de revisar sus decisiones ha sido una pesada carga para los interesados en acudir a la vía judicial, ya que, en ocasiones, era necesario interponer hasta tres recursos que, además, en múltiples ocasiones se desestimaban por aplicación del instituto del silencio administrativo negativo.

Ante esta situación, la doctrina demandaba reformas urgentes, realizando múltiples propuestas dignas de tomar en consideración. Sin embargo, la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, desentendiéndose de estas autorizadas opiniones, ha tratado de resolver estos problemas, con una solución que podríamos calificar de «híbrida» y que consiste en dejar a la voluntad del administrado la decisión de interponer directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central las reclamaciones de cuantía superior a 25 millones de pesetas o hacerlo en primera instancia ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local competente. Los resultados de esta solución todavía no se conocen pero se prevé que no sean demasiado halagüeños.

Así pues, por los motivos expuestos, en este trabajo se trata de analizar tanto los problemas que se presentaban antes de la entrada en vigor de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes como los que previsiblemente puede generar la nueva regulación, y todo ello, con la intención de obtener conclusiones que permitan hacer propuestas de reforma que acerquen la vía económico-administrativa al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.