El Régimen de Transparencia Fiscal (I)

Resumen

I. ANTECEDENTES

Suele admitirse comúnmente que el régimen de transparencia fiscal entra en el sistema tributario español con la Reforma Tributaria de 1978, pero esto no es totalmente exacto porque en una olvidada Orden de 1.º de diciembre de 1970, relativa al régimen jurídico-fiscal de los fondos de inversión mobiliaria, se obligaba a dichas instituciones de inversión colectiva a distribuir entre sus partícipes la totalidad de los resultados obtenidos por las mismas, excepción hecha de aquellos que no tributaban en el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (plusvalías a largo plazo y derechos de suscripción preferente) y, además, caso de estar comprendidos entre los resultados distribuidos importes procedentes de dichos conceptos, el fondo así debía comunicarlo al partícipe al efecto de que éste pudiera excluirlos de la base imponible.

No estamos, ciertamente, ante un régimen de transparencia fiscal en sentido estricto, pero uno de sus elementos sí se halla presente, a saber, la eliminación de los efectos derivados de la interposición de una persona jurídica en el proceso de obtención de renta por las personas físicas. Puede observarse que, en efecto, la obligación de distribuir los resultados en unión a la exención de que disfrutaba el fondo de inversión mobiliaria determinaba que el inversor colectivo recibiera el mismo tratamiento fiscal que correspondía al inversor individual.

No deja de ser sorprendente que en el marco de un sistema tributario de la imposición directa dominado por cinco impuestos de producto (Contribución Rústica, Contribución Urbana, Impuesto Industrial y su Licencia Fiscal, Trabajo Personal y Rentas del Capital) pudiera florecer una idea que años más tarde aparecería reflejada en las Exposiciones de Motivos de algunas leyes hoy vigentes (Ley 18/1991 y Ley 29/1991).

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