Sobre el concepto de beneficiario efectivo y su difícil encaje en el derecho tributario
DOI:
https://doi.org/10.51302/rcyt.2026.24559Palabras clave:
beneficiario efectivo, convenios de doble imposición, OCDE, BEPS, cláusula antiabuso, Principal Purpose Test, seguridad jurídica, tributación internacionalResumen
Dos palabras –beneficiario efectivo– llevan casi medio siglo generando más litigios que certezas en el derecho tributario internacional. Este trabajo arranca con una pregunta provocadora: ¿sigue siendo útil hablar de beneficiario efectivo o se ha convertido en un obstáculo que enturbia la aplicación de los convenios y directivas? El objetivo de este texto es explicar por qué administraciones y tribunales, como los de los célebres «casos daneses», usan el concepto de beneficiario efectivo como arma antiabuso aun cuando su texto no contiene ni una sola premisa de abuso.
Este artículo recorre la evolución del término desde su incorporación al Modelo OCDE de 1977 hasta las reformas BEPS de 2017, y demuestra que la ambigüedad deliberada de la expresión permitió a la OCDE moldearla a su antojo, provocando interpretaciones dispares y una cascada de falsos positivos en la práctica de retenciones en el Estado de la fuente. Frente a esta deriva, se propone reposicionar el concepto de beneficiario efectivo a su función originaria –atribuir rentas de forma efectiva– y reservar la lucha contra la elusión a instrumentos claros como el Principal Purpose Test o las GAAR nacionales. El resultado es una llamada a «desencantar» a las autoridades fiscales y a los jueces: solo un significado estable podría restituir la seguridad jurídica y evitar que el concepto de beneficiario efectivo siga siendo redundante, paradójico y perjudicial.
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Citas
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