El indulto como acto discrecional del Gobierno y su control jurisdiccional

Comentario a la STS de 20 de noviembre de 2013

Resumen

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anula la concesión de un indulto por el Consejo de Ministros de un conductor condenado por un delito contra la seguridad del tráfico con resultado de muerte a la pena de trece años de prisión, al considerar que en el real decreto de concesión no se precisan las razones de justicia, equidad o utilidad pública exigidas por el legislador y que han de ser determinantes del indulto, apuntando que el indulto no contó con el apoyo ni del tribunal sentenciador ni del Ministerio Fiscal. En este sentido, el Alto Tribunal afirma que el indulto es un acto discrecional del Gobierno y que el control jurisdiccional no puede extenderse al núcleo esencial de la gracia –la decisión de indultar o no–, ni a la valoración del contenido de los requisitos formales, pero sí a la concurrencia de arbitrariedad en la concesión, exigiendo tal decisión la especificación y el conocimiento de las «razones de justicia, equidad o utilidad pública», pues de otra forma la absoluta inutilidad del expediente de indulto resultaría clamorosa. En atención a ello el Tribunal Supremo anula el indulto y devuelve el expediente al órgano de procedencia, para que, en su caso y si a bien lo tiene, su decisión de indultar sea adoptada en los términos expresados en el texto de la presente sentencia. Votos particulares.