Testigo protegido

Comentario a la STS de 23 de febrero de 2012

Resumen

La necesidad de proteger a las víctimas de los delitos y, en otros casos, a testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su colaboración con la justicia, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de las circunstancias de identificación, presencia física y confrontación del testigo con el acusado. Conocer la identidad de los testigos podía ser relevante para poner al descubierto eventuales animosidades que cuestionen la credibilidad del testigo. Pero la efectividad de esta estrategia de la defensa queda cercenada si esta no puede conocer, y con la adecuada anticipación, la identidad de quienes les dirigen los cargos. Si esta se mantiene oculta, aquel irrenunciable e ineludible derecho del acusado será irremediablemente frustrado. Las consecuencias de las limitaciones en la disponibilidad del medio de prueba solamente pueden perjudicar al que ha de proponerlo y no al derecho de defensa de aquel contra el que se propone dicho medio. Los derechos en conflicto son, por un lado, el de defensa, pero por otro lo es el ius puniendi, que es un derecho del Estado. Este puede verse cercenado si necesita prescindir de fuentes de prueba. En este caso en concreto, no estamos ante una poderosa organización de narcotraficantes de tipo mafioso, y no es desdeñable el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre, cuando señala que la protección de testigos y peritos es un instrumento de investigación que está reservado para los casos de delincuencia más grave y, sobre todo, para hacer frente al crimen organizado.