El actual debilitamiento del principio constitucional de independencia judicial: causas, efectos y valoración

Resumen

Uno de los rasgos clásicos cuya presencia permite hablar de un Estado de Derecho radica en la independencia judicial. No es este un concepto fácil de aprehender, ni de dotar de contenido, pero su trascendencia es fundamental para articular una correcta separación de poderes y, lo que es más importante, atribuir a los jueces un marco de autonomía que no constituya simplemente un derecho subjetivo estatutario vinculado a la función que desarrollan, sino que medialmente sirva de garantía a los ciudadanos que ante ellos acudan impetrando justicia, solución y reparación a las lesiones sufridas en sus derechos subjetivos. España garantiza en su Constitución de 1978 (CE) la vigencia del principio de independencia judicial. Sin embargo, se aprecian un par de riesgos generadores de peligro más allá de su declaración nominal solemne. De una parte, la ineficacia de los instrumentos dispuestos por el Ordenamiento jurídico para superar situaciones de ataque o cuestionamiento a su vigencia que, por cierto, pueden ser múltiples en origen y alcance. De otra, el proceso de reformas emprendido en los últimos años, tendente a renovar la articulación del Poder Judicial instrumental (Oficina judicial, estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia no jurisdicente, nueva normativa procesal), que bien parece puede relegarla de forma inadmisible. Analizar la problemática situación someramente apuntada y obtener alguna conclusión es lo que se pretenderá en las páginas venideras, teniendo siempre presente a nuestra Norma Suprema, la CE.