Las medidas cautelares en la Ley de 13 de julio de 1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Especial referencia a las medidas cautelares inaudita parte
DOI:
https://doi.org/10.51302/ceflegal.2010.12915Palabras clave:
medidas cautelares, jurisdicción contencioso-administrativa, medidas cautelares inaudita parteResumen
El presente trabajo no pretende aportar novedades sustanciales en lo que se refiere a las medidas cautelares en el orden contencioso-administrativo, pero sí plantear al lector la duda de por qué no son utilizadas con la profusión con la que son interesadas y acordadas en otros órdenes jurisdiccionales.
Dirijo también mi atención al derecho a la tutela judicial efectiva y me hago eco de numerosas resoluciones judiciales en las que se concluye que el derecho a la tutela cautelar forma parte de la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución Española.
Después de una introducción en la que se recuerdan los requisitos que exige toda medida cautelar, adentraré al lector en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para ver qué trato se ha dispensado a las medidas cautelares en este orden jurisdiccional, ayudándome de la jurisprudencia existente en la materia y empleando el término jurisprudencia en el más amplio sentido posible, pues podrá observarse cómo, además de a resoluciones del Tribunal Supremo, hago mención a resoluciones de órganos inferiores que conforman la denominada jurisprudencia menor.
El siguiente paso será examinar el trato que la jurisprudencia ha dispensado a las denominadas medidas cautelares inaudita parte recogidas en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
En esta última cuestión, revisten especial interés los requisitos que exigen los Tribunales para acordar dichas medidas cautelares y muy curiosa es también la extrema cautela con la que son interesadas y en su caso acordadas.
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