Viviendas de protección oficial: ­compraventa y subasta judicial

Caso práctico

Resumen

En el curso de unas actuaciones de ejecución dineraria, el único bien que ha sido hallado del ejecutado es una vivienda acogida al régimen especial de Viviendas de Protección Oficial (VPO), la cual tiene un precio oficial de 36.000 euros de acuerdo con la normativa específica que rige este tipo de inmuebles.

Valorado el inmueble por perito judicial en el apremio, éste informa al Juzgado en su tasación que la valoración de mercado de la finca es de 90.000 euros, destacando el extremo ya citado de la existencia de un precio oficial por ser VPO. Solicitándose por la ejecutante el señalamiento de fecha de subasta, se opone a ello el ejecutado argumentando que, al tratarse de una vivienda sujeta al régimen específico de este tipo de fincas, no puede ser objeto de compraventa por medio de subasta judicial ya que en ella sólo podría llegarse al límite máximo de precio de 36.000 euros como mejor postura, lo cual no es aceptado por la regulación propia de las subastas. La ejecutante ha manifestado ante ello que, de no ser sacada la finca a subasta se estaría vulnerando su derecho a la ejecución.