Diligencia de entrada y registro civil: su posible inconstitucionalidad
Caso práctico
Resumen
Juan desea interponer demanda civil contra el médico que ha tratado a su padre fallecido, por entender que ha podido existir una imprudencia profesional en relación con el tratamiento aplicado a su progenitor. Para preparar su demanda, desea conocer los términos de la póliza de seguros que el facultativo tiene contratada con la compañía de seguros Pérez que cubre los posibles siniestros por responsabilidad civil profesional en el ejercicio de su profesión médica. Y para ello, ha interpuesto con su abogado una solicitud de diligencia preliminar del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 2000, reclamando a la compañía de seguros copia de tal póliza.
Turnada su solicitud de diligencia preliminar, por el Juzgado se ha señalado fecha de comparecencia en sede judicial para que la futura demandada, aporte copia de lo pedido, y la misma no ha comparecido a la citación judicial ni se ha opuesto a la petición, motivo por el cual y al amparo de lo dispuesto en el artículo 261 de la LEC, el abogado de Juan ha pedido que por el Juzgado se acuerde la diligencia de entrada y registro en la sede de la compañía o en aquella agencia, sucursal o delegación en la que pudiera hallarse el documento requerido.
La asesoría jurídica de la mercantil aseguradora desea evitar la ejecución de resolución judicial conducente a la entrada y registro de su sede, y para ello quiere plantear ante el Juzgado, por un lado, la vulneración que ello supondría de su derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución Española (CE), y por otro, la necesidad de que el Juzgado abra el trámite de la cuestión de inconstitucionalidad previsto en los artículos 163 de la CE y 35 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que lleve al órgano a elevar este conflicto de derechos ante el Tribunal Constitucional (TC).
Establecer los argumentos jurídicos para lograr como aseguradora, dicho planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por parte del Juzgado.
