Escrito de acusación particular

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Resumen

El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley».

La interpretación de este precepto no deja margen a la duda, cualquier ciudadano español puede ejercitar la acción pública, ateniéndose a la regulación que las leyes hagan de su uso. Por tanto, si la Ley faculta a cualquier ciudadano español a ejercer la acción penal, con mayor razón tendrá derecho a ejercitarla aquel que haya sido perjudicado por el delito. Ello nos lleva a observar la dicción del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala: «Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones». Este precepto nos aclara que el concepto de acusación particular está abierto, no sólo a los ciudadanos españoles (como ocurre para el ejercicio de la acción popular), sino a todo aquel que haya resultado ofendido o perjudicado por el delito. En tal sentido, el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular la querella establece que también podrán presentar querella los extranjeros por los delitos cometidos en sus personas o en sus bienes, o a las personas o bienes de sus representados. En el caso de que nos encontráramos con personas con la capacidad procesal restringida, habría que acudir a las normas que la legislación civil establece para dichos supuestos. A mayor abundamiento, no hay duda de que también las personas jurídicas o los entes públicos, en cuanto perjudicados por el delito, tienen legitimación activa para ejercer la acusación particular.