El aseguramiento de la responsabilidad de las Administraciones locales

Resumen

El presente estudio aborda la problemática que suscita la contratación de seguros de responsabilidad por las Administraciones Públicas, y especialmente por las Administraciones Locales, que hacen un intenso uso de esta institución procedente del ámbito privado, para cubrir las eventuales consecuencias lesivas que derivan de su actuar. Se produce en estas relaciones una confluencia normativa y de instituciones de distinta procedencia y con dinámicas diversas: la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el seguro de responsabilidad que es normado en la Ley del Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980. La aplicación práctica y tramitación administrativa de estos expedientes plantea de este modo una serie de problemas y dudas interesantes al operador jurídico, que arrancan ya desde la contratación misma de estos seguros por la Administración, y se van desarrollando en el iter ejecutivo de los mismos, hasta culminar en problemas incluso de tipo jurisdiccional o procesal, una vez que el asunto llega a la vía contencioso-administrativa. Las disfunciones que introduce en el sistema público de responsabilidad de la Administración el seguro de responsabilidad, sin duda, en nada contribuyen al principio de seguridad jurídica y son causa del incremento constante de la litigiosidad y del penoso peregrinaje administrativo y procesal del ciudadano reclamante. Todas estas cuestiones se desarrollan y son objeto de análisis en el presente trabajo, que recorre las diferentes fases que atraviesa el seguro de responsabilidad desde que es contratado por la Administración (analizando su régimen tanto en el aún vigente TRLCAP de 2000, como en la nueva Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre), hasta que entra en juego cuando se produce el daño asegurado, y en su caso llega a la vía jurisdiccional.