Función pública, procedimiento administrativo, bienes y expropiación forzosa

Caso práctico

Autores/as

  • Javier Fernández-Corredor Sánchez-Diezma Magistrado (España)

Resumen

1. El Gobierno de una Comunidad Autónoma aprobó un Decreto que modificó la relación de puestos de trabajo de una Consejería.

En el mismo se disponía que todas las plazas correspondientes a Jefaturas de Servicio, dos Jefaturas de Negociados y Seguimiento del Grupo D, se proveerían por el sistema de libre designación.

Un Sindicato de Funcionarios impugna el citado Decreto por su ilegalidad, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. El Sr. XXX solicita declaración de caducidad y archivo de un expediente de modificación de un deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre que se había iniciado de oficio y que con anterioridad había sido deslindado por una Orden ministerial de 5 de diciembre de 1980. La solicitud se basó, en esencia, en la infracción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), y, en concreto, de su artículo 42.2 que establece un plazo máximo de resolución de tres meses para los expedientes sin plazo específico de resolución, y del artículo 43.4 que sanciona con la caducidad del expediente cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir efectos favorables para los ciudadanos. Ninguno de ambos preceptos fueron aplicados al caso.

3. El Pleno del Ayuntamiento de SSS, mediante acuerdo de 24 de agosto de 1980, cedió al entonces Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Política Interior y Obras Sociales, una parcela de su propiedad, catalogada como bien patrimonial, con la condición de que se destinara a la construcción y creación de una residencia provincial infantil.

Esta cesión fue aceptada expresamente y con dicha condición mediante Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de enero de 1981, elevándose a escritura pública dicha donación mediante instrumento notarial de fecha 24 de diciembre de 1981, de tal manera que una residencia infantil fue inaugurada el día 3 de abril de 1986.

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Publicado

10-07-2006

Cómo citar

Fernández-Corredor Sánchez-Diezma, J. (2006). Función pública, procedimiento administrativo, bienes y expropiación forzosa: Caso práctico. CEFLegal. Revista práctica De Derecho, (66), 93–103. Recuperado a partir de https://revistas.cef.udima.es/index.php/ceflegal/article/view/14241

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