El procedimiento contencioso-administrativo abreviado; la incidencia de la nueva Ley de enjuiciamiento civil en su regulación

Resumen

I. ANTECEDENTES.

En el ámbito estricto del derecho positivo, los antecedentes más remotos del procedimiento abreviado objeto de estudio y regulado en el artículo 78 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) (Ley 29/1998, de 13 de julio) hay que situarlos en el antiguo proceso en materia de personal que contemplaba la LJCA de 1956 en sus artículos 113 y siguientes, proceso que se reservaba para aquellas cuestiones de personal que no implicaran la separación de empleados públicos inamovibles. Sin embargo, éste, más que de un proceso especial, se trataba de una variante del proceso ordinario que se caracterizaba por la mayor brevedad de los plazos, pero manteniendo la tradicional regulación del proceso contencioso-administrativo que giraba en torno al principio de escritura con el consiguiente detrimento de los principios de inmediación judicial y celeridad que no resultaban debidamente garantizados.
Sin embargo el nuevo procedimiento abreviado parte del criterio opuesto, haciendo pivotar su regulación en torno a los principios de oralidad, celeridad, inmediación y contradicción, y en el que salvo la demanda y la sentencia todas las actuaciones son orales y se producen en la vista con unidad de acto, por lo que en un tiempo relativamente corto se puede obtener una sentencia de primera instancia y preservar así en el ámbito del proceso contencioso-administrativo el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución Española.

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