La Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2024,  de 18 de enero, y el Real Decreto-Ley 3/2016,  de 2 de diciembre

Eduardo Sanz Gadea

doi:10.51302/rcyt.2024.22327

Autores/as

Eduardo Sanz Gadea Inspector de Hacienda del Estado (jubilado) (España)

DOI:

https://doi.org/10.51302/rcyt.2024.22327

Palabras clave:

decreto-ley, base imponible, cuota líquida, deber de contribuir, capacidad económica, reversión

Resumen

La presente colaboración comenta, con la ayuda de un conjunto de ejemplos, los efectos que, respecto del impuesto sobre sociedades, ha producido la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 2024, en cuya virtud se declaran inconstitucionales determinadas normas introducidas en la Ley 27/2014 por el Real Decreto-Ley 3/2016, así como aquellos que podrán derivarse de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en orden a rehabilitar tales normas.

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Biografía del autor/a

Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda del Estado (jubilado) (España)

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas. Graduado en Ciencias Políticas. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirector General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas. Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Doctor honoris causa UDIMA. Ha participado como ponente en cursos, seminarios y másteres impartidos por diversos centros oficiales (Universidades y Administraciones), así como en asociaciones y centros privados en las materias anteriormente indicadas, pero especialmente en materia del impuesto sobre sociedades.

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