Novedades de Derecho fiscal comunitario en materia de fiscalidad directa en 2009

Resumen

Durante el año 2009 no ha habido novedades legislativas de Derecho fiscal comunitario en materia de fiscalidad directa. El Consejo solo ha adoptado una resolución dirigida a coordinar los impuestos exigidos sobre plusvalías latentes en los casos en que una empresa cambia de domicilio fiscal o traslada sus activos entre Estados miembros diferentes. Se trata de concordar soluciones respetuosas con las libertades de circulación del Tratado. Sin embargo, cada vez son más las resoluciones sobre incumplimientos de las normas comunitarias. Casi dos docenas de sentencias relevantes en materia de fiscalidad directa, por violación del principio de no discriminación o de las libertades fundamentales. En cuanto a dictámenes motivados de la Comisión Europea contra España, han sido numerosos y abarcan distintos aspectos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Entre las sentencias, destaca la que ofrece los términos en que la legislación tributaria dictada en el marco del Concierto Económico con el País Vasco no constituye ayuda de Estado contraria al Derecho comunitario. También, la que vuelve a indicar que las normas de subcapitalización deben ser proporcionadas y ajustarse a los principios del valor de mercado, la que acepta los sistemas de retenciones sobre tributación de no residentes a pesar de sus diferencias con el sistema de ingresos a cuenta de sujetos pasivos residentes. En cuanto a los dictámenes motivados, la mayoría persigue que la legislación española antiabuso se adapte a los principios de adecuación y proporcionalidad para ser validadas por el Derecho comunitario. Por otra parte, es destacable la decisión de la Comisión de no considerar como ayuda de Estado la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades del 50 por 100 de los ingresos por explotación de determinados intangibles. Finalmente, el trabajo se refiere a la propuesta de la Comisión para extender el campo de aplicación de la Directiva del ahorro, dirigida a mejorar la información disponible en el Estado de residencia de las personas físicas sobre la obtención de rentas por cesión a terceros de capitales propios.