Reclamación de indemnizaciones por lesiones y secuelas temporales derivadas de accidentes de tráfico

Formulario

Resumen

Estamos ante una materia que resulta habitualmente de escasa aplicación como consecuencia de que los operadores jurídicos no hacen uso de ella, pese a que desde la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio de 2000, existe respaldo para este tipo de reclamaciones y, hoy en día, ya tenemos una cobertura normativa en el vigente Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

El legislador, al dar carta de naturaleza a este tipo de dolencias llamadas secuelas temporales (aquellas que no pueden quedar incardinadas en el concepto clásico de secuela por carecer de la nota de permanencia, pero que son resarcibles), intenta dejar claro que las mismas, han de cohabitar y coexistir con las llamadas secuelas permanentes (aquellas que, una vez aplicado el tratamiento curativo adecuado, han quedado definitivamente en la persona sin previsible evolución, agotado dicho tratamiento). La Ley 34/2003 modificó y aclaró la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que consagró mediante un sistema de tablas obligatorias, la valoración de todos los daños, a las personas, ocasionados en accidentes de circulación salvo que sean consecuencia de delito doloso.

La disposición adicional octava de la Ley 30/1995 no recogía en su redacción las denominadas secuelas temporales y han sido consagradas ya por la Ley 34/2003 (Tabla V «Clasificación y Valoración de las Secuelas»); entiende esta normativa por secuelas temporales, aquellas que están llamadas a curarse a corto o medio plazo y que no teniendo consideración de lesión permanente, se han de valorar de acuerdo con las reglas del apartado a) de la Tabla V computando en su caso, su efecto impeditivo o no, y con base al cálculo razonable de su duración después de haberse alcanzado la estabilización lesional. Esta redacción es la que se mantiene en similares términos en el Real Decreto Legislativo 8/2004 antes citado.