Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada del nuevo régimen de ejecución provisional de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Resumen

I. INTRODUCCIÓN

Es la revocación por vía de recurso de una sentencia o pronunciamiento provisionalmente ejecutada la que genera, dentro de la institución de la ejecución provisional, mayores recelos aparte de la doctrina, por la existencia cierta del peligro de que quien se benefició con la ejecución provisional sea luego incapaz de devolver lo percibido o su equivalente pecuniario. Hasta ahora ese riesgo se soslayaba en gran medida solicitando a quien pretendía la ejecución provisional fianza bastante para responder de lo percibido, así como de los daños y perjuicios y costas que se ocasionaran al ejecutado. Pero al desaparecer la caución el ejecutado provisional queda en una cierta situación de desamparo en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado, siendo por ello la revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada el contrapunto de la insinceridad del sistema de ejecución provisional que postula la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Así, la LEC es extremadamente insincera cuando desconoce los múltiples riesgos que para el ejecutado se pueden derivar de un ejecutante insolvente al término de la revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

El modelo propuesto por la LEC deviene así en una suerte de juego de azar que implica un indudable riesgo para la persona del ejecutado al que se le revoca la condena impuesta. En tales casos, el ejecutante ha de proceder a la reposición, restauración o devolución de lo cobrado u obtenido, lo que en la práctica puede devenir en imposible.

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