La discrecionalidad y su control. Diferenciación con la arbitrariedad y con los conceptos jurídicos indeterminados

Resumen

El desarrollo de nuestro Estado social y democrático de Derecho ha necesitado y construido progresivamente una Administración pública fuerte, dotada de todos los instrumentos jurídicos y materiales necesarios para hacer realidad los principios propios de aquel y que se ha extendido en el espacio y en el tiempo en un proceso de construcción paralela con la descentralización del Estado.

Tras la Constitución Española de 1978 es indudable el sometimiento de los poderes públicos a la ley y al Derecho, y, dentro de estos límites, se ha previsto la posibilidad de que la Administración pública despliegue un proceso de apreciación subjetiva y que pueda elegir libremente, entre varias soluciones igualmente válidas, aquella que estime que mejor coadyuvará al fin último del interés general. Esa potestad discrecional, no obstante, está sujeta a un control (como toda la actividad administrativa) que va más allá del estrictamente político del Gobierno que la dirige, y que entra de lleno en el control jurisdiccional por parte de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos. La fiscalización de esa potestad discrecional tampoco se limita en la actualidad a sus elementos reglados, sino que es posible un control de racionalidad, un control de razonabilidad, un control de los hechos determinantes y un control a través de los principios generales del Derecho.

La discrecionalidad y sus límites en un Estado constitucional, su diferenciación con la arbitrariedad (proscrita, en todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico) y con los conceptos jurídicos indeterminados, son el objeto del presente artículo, que persigue reflexionar sobre la necesidad de que todos los poderes del Estado, dentro de su independencia y de las potestades que les son reconocidas, no sean incontrolables.