Los medios e instrumentos institucionales del Estado en la lucha contra la violencia de género: aspectos administrativos y organizativos

Resumen

Es objeto del presente artículo analizar de manera pormenorizada los órganos, instituciones, medios materiales y personales puestos al servicio de la lucha contra la violencia de género en España desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley se dictó como una «ley ómnibus» comprensiva de un impactante número de medidas en todos los ámbitos: de sensibilización, prevención y detección, ampliando y reconociendo nuevos derechos a las mujeres víctimas de esta violencia, creando nuevas instituciones para tutelar esos derechos o defender más eficazmente a las víctimas, modificando la normativa civil, penal y procesal con ese mismo objetivo, creando nuevos órganos judiciales y fiscales especializados y regulando el régimen de pensiones y ayudas públicas, entre otros importantes aspectos.

Poner en marcha semejante empresa ha requerido un esfuerzo en recursos e instrumentos organizativos, institucionales, presupuestarios y personales de gran magnitud, y merecía la pena realizar un estudio riguroso –casi tres años después de la entrada en vigor de la totalidad de la norma– que fuese más allá de un simple análisis institucional, sino que ordenase sistemáticamente y explicase en detalle los medios e instrumentos institucionales del Estado puestos al servicio de la lucha contra una violencia que mina elementales principios de convivencia y de la calidad de un Estado social de Derecho. Efectivamente, nuestra forma de organización se resiente cuando la mujer, como otras minorías que colaboran en el bienestar de un país, es situada en un segundo plano en derechos y expectativas por razones ajenas a sus merecimientos o aptitudes propias, sino por el mero hecho de ser mujer.

Se realiza un énfasis especial en los planes de colaboración y los protocolos de actuación suscritos por numerosos actores, tanto públicos como privados, por el notable efecto preventivo que han demostrado, así como en los servicios sociales y en las medidas de tutela judicial puestos en marcha, por su novedad y el resultado sobresaliente arrojado en el ámbito represivo y asistencial, coadyuvando en el objetivo final de reducir el número de mujeres maltratadas, agredidas o fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas. Grandes pasos que sitúan a nuestro Estado de Derecho a la altura de cuanto de él se espera por una sociedad avanzada, económicamente desarrollada y exigente en la defensa y protección de sus derechos.