El orden social en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril: «de clavo en clavo»

Resumen

El impacto provocado por la situación sanitaria derivada de la pandemia a la que nos estamos enfrentando está siendo «desbordante» para las instituciones y la sociedad. Primero lo fue para el sistema sanitario, ahora amenaza con serlo para la Administración de Justicia. La inicial –loable– preocupación por evitar que el servicio público justicia fuese un foco de contagio por COVID-19, para las personas que trabajamos en él y para la ciudadanía justiciable, llevó a una cuasi parálisis que ahora se vuelve en contra tanto del servicio como, sobre todo, de la efectividad de la tutela judicial en general, y en particular de las personas trabajadoras. Convalidado y puesto en práctica el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, parece insuficiente y errada terapia para tan «grave riesgo de pandemia judicial», el de la multiplicación exponencial de pleitos pendientes hasta el colapso de la respuesta judicial.