Miradas judiciales a la actualidad de la Seguridad Social: «derecho humano» y necesaria, pero «acosada», «función de Estado»

Resumen

1. Los sistemas avanzados de Seguridad Social, necesaria –y exitosa– función de Estado y un derecho humano. Quizá por influjo de ese tópico literario que llaman «justicia poética», en que «lo virtuoso» resulta especialmente reconocido, e incluso premiado, precisamente cuando mayor presión y crítica estaba recibiendo, sin que una cosa traiga causa lógica de la otra, la devastadora crisis del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19) ha servido para realzar lo imprescindible de un sistema avanzado, perfeccionado, de Seguridad Social ex artículo 41 de la Constitución española –CE– (y ex arts. 11-14 Carta Social Europea [CSE] –originaria y revisada–). Es bien conocido que, hasta la llegada de esta plaga –no muy disímil a las que narran los textos bíblicos–, las instituciones de la gobernanza económica mundial, lo que llaman «mercados» y las entidades financieras, habían venido manteniendo un duro sitio contra el «excesivo» gasto social que representa, sobre todo, la rama de pensiones públicas, hasta considerarlo ya insostenible y urgido de nuevos recortes. El atroz y estructural desequilibrio financiero que vendría padeciendo (casi 20.000 millones de euros actualmente; tras la salida del crac del coronavirus, serán muchísimos más) avalaría tal presión. Ahora, sin embargo, desbordados y desesperados por una crisis tan inesperada como mal gestionada (el art. 55.1 CE solo limita la libertad de crítica para los estados de excepción, solo declarado de forma encubierta, no formalmente, pues nos mantenemos en «estado de alarma» reforzada, de momento), el reclamo al sistema de Seguridad Social aparece como una determinante –no la única– «tabla de salvamento» –junto a la rama de asistencia sanitaria; sobre todo, la rama de protección por desempleo (y cese de actividad), pero también la condonación de cuotas–.