Libertad de empresa, seguridad en el empleo y «subrogación adaptativa»: A propósito del «desregulador» nuevo régimen de la estiba

Resumen

La liberalización plena del trabajo portuario acaba de producirse en virtud del reciente Real Decreto-Ley 8/2017, de 12 de mayo, que da, por fin, cumplimiento a la STJUE de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-576/13). Para lograr el acuerdo de una mayoría parlamentaria, la nueva norma introduce cinco novedades respecto de la precedente. Sin desmerecer la relevancia de estos cambios, la nueva norma presenta una estructura idéntica y contenidos sustancialmente semejantes a los de la norma caducada por falta de acuerdo político mínimo. En realidad, la novedad más relevante de la nueva norma está en el Anexo que incluye y en el que apunta la auténtica solución: la garantía de una subrogación empresarial en los contratos de trabajo hoy en vigor, pero no por vía legal, sino reglamentaria y convencional. Al mismo tiempo, esa subrogación, cuya garantía se deslegaliza, tampoco respondería a un modelo clásico de «estabilidad estática», sino que avanza en un modelo reforzado de «estabilidad adaptativa» o dinámica, esto es, exigirá, a cambio de la conservación del mayor número de empleos, una significativa novación peyorativa de las condiciones de trabajo. De este modo, la liberalización del sector del trabajo portuario actuaría como una nueva manifestación de la protección jurídico-laboral de la competitividad de las empresas como contenido esencial del derecho fundamental a la libertad de empresa, en línea con la jurisprudencia comunitaria (STJUE de 27 de abril de 2017, asuntos C-680/15 y 681/15) y la nacional (SSTS 4/2017, de 10 de enero, y 343/2017, de 21 de abril).