Reforma laboral y «justicia constitucional»: el Tribunal Constitucional ni es «infalible» ni ya tiene la «última palabra»

Comentario a la STC 119/2014, de 16 de julio, RI 5603-2012 interpuesto por el Parlamento de Navarra contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma del mercado de trabajo

Resumen

Tras casi tres años de aplicación de la reforma laboral de 2012 está ya bien claro cuál fue la voluntad del Gobierno que la auspició y la formalizó, primero mediante real decreto-ley y luego en virtud de su conversión en ley del Parlamento. Y esa no es otra que propiciar una gran «devaluación interna» de las «condiciones de trabajo» y de sus garantías de estabilidad, también de las «condiciones de empleo» –acceso, continuidad y salida de la relación–, a fin de mejorar la productividad y, con ella, también la competitividad, del factor trabajo en España. A partir de esa recuperación de la «competitividad perdida» se produciría no solo el frenazo a la destrucción masiva de empleo, prefiriendo la «flexibilidad interna» –novación a la baja de las condiciones de trabajo– a la «externa» –despidos–, sino también la retoma, aunque gradual y en condiciones más rebajadas –«competitivas»–, de la creación de empleo, incluso indefinido, si bien sobre todo a tiempo parcial.