La tutela ejecutiva de los anticipos a cuenta en el proceso laboral: Análisis de sus problemas y propuestas de solución

Resumen

Los anticipos a cuenta, pese a contar con una dilatada trayectoria en el ámbito laboral de la jurisdicción, continúan generando importantes dudas interpretativas a las que ni la jurisprudencia ni la Ley 36/2011, de 10 de noviembre, reguladora de la jurisdicción social, han sabido dar una respuesta apropiada. La peculiar naturaleza de los anticipos (auténtico derecho prestacional) da lugar a un curioso supuesto de «ejecución provisional» que al surgir ope legis impide al órgano judicial cuestionar aspecto alguno sobre su conveniencia, a diferencia de lo que ocurre con otros casos de ejecución del proceso laboral.

Dado que en los anticipos a cuenta no se necesita acudir a las clásicas actividades de embargo y realización de bienes, muchas veces este tipo de ejecución consiste en operaciones de cargo y abono que sin embargo con excesiva frecuencia no disponen de la suficiente cobertura presupuestaria para que el Estado abone al trabajador el anticipo, para el supuesto de no ser preceptiva la consignación. Esta anomalía frustra el fin asistencial que preside todo el sistema de los anticipos, que inclusive se ve incrementado ante el retraso en los pagos de que viene haciendo gala la Administración.

Por si fuese poco, la revocación de la sentencia dictada en la instancia junto a la doctrina del Tribunal Constitucional favorable a la sustitución de la consignación por el aval bancario (seguida por el art. 290 LRJS) convierte en problemática la tutela ejecutiva de estas prestaciones asistenciales cuyo fin último es tratar de mitigar la desigualdad originaria de la parte trabajadora en la relación laboral.