Elevando el «umbral del dolor» de la mala gestión de la crisis: recortes travestidos de reforma sanitaria

Resumen

Toda reforma sanitaria es un complejo proceso político-institucional en el que concurren diversos factores que presionan para que los cambios asuman una u otra dirección, ya más favorable a los intereses económicos implicados ya más propicia para la mejora de la calidad asistencial a favor de los ciudadanos. Por lo general, tales reformas buscan equilibrar unos y otros intereses. El Sistema Nacional de Salud está entre los mejores en calidad de prestaciones y más eficientes por su alto rendimiento con un coste relativamente menor que la media europea. No obstante, el reciente Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, imbuido de la misma política de ciega austeridad del resto de las políticas para intentar –fallidamente– salir de la crisis, adopta una única dirección de reforma: recortar el gasto sanitario, sobre todo el farmacéutico, en 3.000 millones de euros, reduciendo la aportación pública para su financiación, del lado de coste, y aumentado la aportación del usuario, mediante mayor «copago» o «repago», del lado de los ingresos. En suma, el Real Decreto-ley 16/2012, más que reformar en sentido estricto pretende (solo) convertir una parte de la deuda pública en sanidad en deuda privada, revelándose en cierto modo como una antítesis del Real Decreto-ley 18/2012, de saneamiento del sector financiero, que convierte en deuda pública buena parte de la deuda privada de las entidades financieras. Todo un mundo al revés.

Los autores dan cuenta en el estudio de este proceso de mutación de costes públicos en privados a través de un análisis detenido de las medidas que incorpora, a tal fin, el referido Real Decreto-ley 16/2012. Las principales claves de lectura de las mismas las sitúan los analistas de este artículo en la historia de tres retornos en cierto modo al pasado: a una concepción «aseguradora» de la protección, en detrimento del modelo «universal», a una mayor «re-mercantilización» de la asistencia sanitaria, que se tiene por un bien susceptible de mercado en detrimento de su financiación pública –que no «gratuita»–, y una importante «re-centralización» de la gestión del Sistema, que pone en cuestión los avances de la descentralización de nuestro modelo. Finalmente, terminan los autores con una valoración de conjunto del Real Decreto-ley 16/2012, en la que evidencian la tendencia a la creación de un «Estado de Bienestar mínimo», con la consiguiente quiebra del pacto constitucional en aras de una «gobernanza numérica» que socializa o generaliza el sufrimiento de las personas, según imperativos de una inicua lógica del mercado total.