De la «flexibilidad laboral» al «ajuste social total»: lo que el «austeritario» Real Decreto-ley 20/2012 se llevó, de momento

Resumen

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ha llevado a cabo el mayor ajuste de cuentas con el Estado de Bienestar español de todo el periodo democrático. Esta norma contiene 90 páginas de nuevos recortes de derechos sociales e incrementos de impuestos, todos ellos escritos de un plumazo y sin negociación, ni política ni social. La aplicación efectiva de estas medidas supone para los españoles sufrir prácticamente todas las restricciones que los países formalmente intervenidos se han visto obligados a introducir para dar satisfacción a las condiciones del llamado «plan de rescate». Pero este modelo de intervención es sinónimo, para la vida de la ciudadanía del país intervenido, no ya solo de más «desempleo» y más «pobreza» sino de auténtica «indignidad» social, a través de una interminable política de aparentes reformas que encubren recortes de derechos sociales: eliminación de una paga extraordinaria de los empleados públicos, suspensión de derechos colectivos y también de derechos de atención a situaciones de dependencia, rebajas de la protección por desempleo...

Pero no es ni la primera norma en esta dirección, ni tampoco la última aprobada. En este sentido, recientemente, pueden citarse los ejemplos del Real Decreto-ley 23/2012, por el que se prorroga el llamado «Plan Prepara» –medidas extraordinarias de protección a todos los que pierden la protección por desempleo–, o el Real Decreto-ley 25/2012, que incluye muchos más controles sobre los desempleados, a los que se obligará, como contrapartida a recibir su prestación, a retirar las cenizas tras los incendios, al margen de su cualificación. En cambio, se han aprobado normas que reconocen créditos extraordinarios para hacer frente a gastos en armamentos, con el argumento de evitar la pérdida de empleo altamente cualificado o, entre otros, el de evitar el «deterioro de la imagen de España» –Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre–. En consecuencia, una vez más, la distribución de los sacrificios es desigual entre los ciudadanos y tiende a perjudicar a los más vulnerables, con lo que crecen de una manera desmedida las desigualdades. Pero las desigualdades sociales no solo rompen la cohesión y generan un riesgo de violencia social elevado, sino que retrasan el crecimiento económico.

En este artículo el autor da cuenta de todos y cada uno de esos cambios, a modo de un mapa jurídico-social, pero también económico, de los recortes de derechos y su incidencia tanto en la regulación como en el nivel de protección que tales derechos proponían. Pero el artículo va más allá. Una vez «explicados» con detalle los cambios en materia de empleo público, de protección por desempleo, de atención a la dependencia, de las políticas relativas a ayudar a la emancipación juvenil, el autor nos propone «comprender» en profundidad qué hay tras esas medidas de sacrificio de derechos sin resultados positivos, más bien todo lo opuesto. Y ahí es donde se nos propone una tesis bastante más inquietante: todas esas normas no son sino la cobertura formal de una gran mutación constitucional, un auténtico giro copernicano en nuestra forma de Estado, de modo que frente al principio social y democrático de Derecho se estaría fraguando ante nuestros ojos lo que el autor llama un «Estado Austeritario» –una forma de Estado basada en la imposición totalitaria de medidas privativas de derechos a sus ciudadanos para sostener el nivel de ganancia del sistema financiero–, generador, al tiempo, de un Derecho Inválido constitucionalmente, Injusto socialmente e Ineficiente económicamente.