Limitaciones a la libre prestación de servicios y distorsiones de la competencia, derivadas de las obligaciones impuestas a los empresarios que desplazan trabajadores a otro estado miembro

Resumen

El origen histórico de la Unión Europea está en un mercado común europeo que, sobrepasando su limitada función económica, ha devenido en una entidad política diferenciada de los Estados que inicialmente lo componían. El manifiesto protagonismo de la Unión Europea frente al de los Estados miembros, propiciado por el puro devenir histórico y la globalización imperante, tiende a «provincializar» a aquellos Estados miembros convirtiendo a la Unión Europea en la única entidad política dotada de soberanía en Europa * y, consecuentemente, a que exista un mercado también único, y no solo común, en el espacio europeo. Ese mercado único ha de ser regulado y ordenado por aquella entidad política conforme a los fundamentos jurídico-políticos de Europa y al modelo del sistema de economía (social) de mercado, que pivotan sobre los principios de libertad e igualdad (democracia política y democracia económica). La regulación uniforme de los requisitos de funcionamiento de los agentes económicos en ese mercado único, que se nuclea en torno a una competencia efectiva y leal, se ha logrado en sus aspectos más relevantes (prohibición de acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia, limitación de las ayudas estatales, control de las concentraciones económicas, etc.), pero quedan todavía materias en las que aún no se ha logrado la plena uniformidad reguladora de ese mercado, generándose ineficiencias económicas (costes de transacción), no siendo de menor importancia las divergencias existentes entre los sistemas laborales de los Estados miembros, cuya regulación uniforme, para todo el espacio europeo, es aún deficiente, habiéndose procurado hasta la fecha fundamentalmente mediante instrumentos jurídicos de armonización (directivas) y no de unificación (reglamentos) legislativa. Es urgente para Europa, en esta época que nos ha tocado vivir de universalización en todos los órdenes de la vida, y singularmente en el económico, eliminar esos costes de transacción laborales (así como los derivados de otras disparidades, por ejemplo, de sistemas fiscales y de protección social, subsistentes) que lastran el desarrollo y el bienestar de los europeos, lo que ha de lograrse naturalmente sin mácula del sistema propio del estado social de derecho en que se constituye la Unión Europea, esto es, atendiendo al sistema de economía social de mercado.