Reformas en materia de Seguridad Social y Empleo derivadas de la crisis económica (Ley 3/2012, de 6 de julio, y Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio)

Resumen

En plena canícula veraniega nos han sorprendido las medidas más duras que se recuerdan en materia de Seguridad Social, en particular las que se refieren a la protección por desempleo en sus diversas modalidades, que se reparten entre la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y, sobre todo, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Por la gran cantidad de medidas que incluyen sería pretencioso intentar un comentario de todas ellas en un extracto; basta fijarse en el sumario para darse cuenta de que es empresa imposible.

Sin embargo, sí conviene advertir que casi todas las novedades –especialmente las contenidas en el RDL 20/2012– atienden al doble objetivo de incremento en los ingresos y de ahorro en los costes de la Seguridad Social que, sin negarlo, se justifica con diversas razones de equidad, racionabilidad, homogeneidad, solidaridad, etc., reconociéndose expresamente en el preámbulo de la última norma citada que «las medidas refuerzan la viabilidad futura del sistema de protección y contribuyen al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».

Comprendiendo la necesidad de adoptar medidas restrictivas en el gasto público a causa de la grave situación de crisis en que nos encontramos, la cuestión que deberá plantearse el lector a la vista del presente análisis es hasta qué punto serán efectivas para alcanzar los objetivos propuestos y, sobre todo, hasta cuándo se podrá resistir este esfuerzo –enorme en algunos supuestos–, exigido a los sujetos protegidos del sistema de la Seguridad Social.