Una visión general de los desafíos de la jurisdicción social: propuestas de reforma legislativa a partir de una experiencia práctica crítica

Fernando Salinas Molina

doi:10.51302/rtss.2023.18729

Autores/as

Fernando Salinas Molina Exmagistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo (España)

DOI:

https://doi.org/10.51302/rtss.2023.18729

Palabras clave:

jurisdicción social, proceso laboral, competencia de jurisdicción, prueba, procesos especiales, ejecución de sentencia, recursos

Resumen

La Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, tras cerca de 12 años de vigencia ha acreditado su fortaleza y ha dado respuesta adecuada a los principios que la motivaron; el fundamental el de la unificación competencial a favor del orden social de las materias laborales, sindicales, de seguridad social y de asistencia social, así como la unificación competencial plena en la materia de riesgos laborales.

La práctica judicial y la jurisprudencia han puesto de evidencia en estos años sus aciertos y sus posibles deficiencias.

Estas últimas deberían ser objeto de corrección, al igual que sería aconsejable introducir las reformas o cambios que ha puesto de relieve la experiencia, así como profundizar en los extremos que quedaron inacabados en la Ley de 2011.

Reflexionaremos sobre los que pudiéramos considerar como desafíos de la jurisdicción social respecto a los extremos que merecerían abordarse en futuras reformas orgánicas y procesales para lograr una precisa y eficaz delimitación competencial y lograr que la jurisdicción social pueda cumplir íntegramente su función conforme a lo previsto en la Constitución y en los tratados y acuerdos de la Unión Europea e internacionales suscritos por España.

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Biografía del autor/a

Fernando Salinas Molina, Exmagistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo (España)

Magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Social (1996-2019) y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008). Ha participado en las comisiones de elaboración de leyes procesales (laboral 1990 y 2011 y enjuiciamiento civil), en especial dirigió el grupo de expertos que redactó el borrador de la vigente Ley reguladora de la jurisdicción social, aprobada por unanimidad en el Parlamento. Premio al mejor laboralista en 2018 otorgado por la Asociación Nacional de Laboralistas. Máximas distinciones en materia de justicia a nivel estatal (Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort) y en el ámbito de Cataluña (Premi Justicia de Catalunya 2019).

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