Una visión general de los desafíos de la jurisdicción social: propuestas de reforma legislativa a partir de una experiencia práctica crítica

Fernando Salinas Molina

doi:10.51302/rtss.2023.18729

Authors

Fernando Salinas Molina Exmagistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo (España)

DOI:

https://doi.org/10.51302/rtss.2023.18729

Keywords:

social jurisdiction, labour proceeding, jurisdiction of jurisdiction, evidence, special proceedings, enforcement of judgment, appeals

Abstract

Law 36/2011, regulating the social jurisdiction, approved unanimously by all parliamentary groups, after nearly 12 years of validity has proven its strength and has given an adequate response to the principles that motivated it; the fundamental one that of the unification of competences in favor of the social order of labor, union, social security and social assistance matters, as well as the full unification of competence in the field of occupational risks.

Judicial practice and jurisprudence have revealed in recent years its successes and possible shortcomings.

The latter should be corrected, just as it would be advisable to introduce the reforms or changes highlighted by experience, as well as to deepen the points that were left unfinished in the 2011 Law.

We will reflect on what we could consider as challenges of the social jurisdiction with respect to the extremes that deserve to be addressed in future organic and procedural reforms to achieve a precise and effective delimitation of competence and ensure that the social jurisdiction can fully fulfill its function in accordance with the provisions of the Constitution and the treaties and agreements of the European Union and international signed by Spain.

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Author Biography

Fernando Salinas Molina, Exmagistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo (España)

Magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Social (1996-2019) y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008). Ha participado en las comisiones de elaboración de leyes procesales (laboral 1990 y 2011 y enjuiciamiento civil), en especial dirigió el grupo de expertos que redactó el borrador de la vigente Ley reguladora de la jurisdicción social, aprobada por unanimidad en el Parlamento. Premio al mejor laboralista en 2018 otorgado por la Asociación Nacional de Laboralistas. Máximas distinciones en materia de justicia a nivel estatal (Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort) y en el ámbito de Cataluña (Premi Justicia de Catalunya 2019).

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