El nuevo estatuto del personal investigador en formación: la combinación de beca de investigación y contratación laboral

Resumen

El importante papel que juegan los investigadores en formación en el panorama científico español tradicionalmente no se ha visto correspondido por el ordenamiento jurídico, que incomprensiblemente hasta fechas muy recientes no había contemplado ni regulado de forma general esta figura. La ausencia de una regulación jurídica específica de la actividad desarrollada por este colectivo ha comportado indudables dificultades a la hora de dotar a este colectivo de un régimen jurídico propio y específico que permita fijar qué rol juega en la actividad investigadora. En este desalentador contexto la aprobación del Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se establecía el Estatuto del Becario de Investigación, supuso un primer paso en el proceso de normalización jurídica de este colectivo, puesto que en dicha norma por primera vez se abordaba con carácter general y de forma específica el régimen jurídico de los becarios de investigación y, en especial, su régimen de Seguridad Social, consistente en su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Pese al avance que supuso la aprobación del Estatuto del Becario de Investigación, el mismo adolecía de importantes deficiencias entre las que cabe destacar: su falta de obligatoriedad, la exclusión de los becarios de investigación que no tenían reconocida la suficiencia investigadora, la ausencia de definición de los propios contornos de la figura de los becarios de investigación, así como de sus derechos y obligaciones, la inclusión debilitada de este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de la protección por desempleo, etcétera. Todas estas deficiencias ya hacían prever que dicha norma debería ser revisada en un futuro inmediato.

Con estos antecedentes se ha procedido a la aprobación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación, que sustituye al anterior Estatuto del Becario de Investigación y que supone un nuevo paso, esta vez mucho más atrevido y decisivo, aunque todavía no definitivo, en el proceso de normalización jurídica del colectivo de los investigadores en formación. Frente al anterior Estatuto del Becario de Investigación, el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación parte de dos objetivos básicos: en primer lugar, ampliar el ámbito subjetivo, estableciendo «un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por finalidad la formación del personal investigador», si bien, se vincula necesariamente dicha finalidad formativa con «la obtención última del título de doctor»; y, en segundo lugar, innovar la relación jurídica del becario de investigación, para lo cual se contempla por primera vez a nivel estatal «para los últimos años de la formación del investigador, una relación jurídico-laboral dentro del marco normativo general vigente».

A partir de estas premisas, este estudio efectúa un análisis de las principales innovaciones introducidas por el Estatuto del Personal Investigador en Formación, para lo cual se abordan de forma exhaustiva los siguientes extremos: el concepto de personal investigador en formación del que se parte y, en consecuencia, el ámbito de aplicación de la norma; la tipología de personal investigador en formación que se contempla, la cual al distinguir entre personal investigador en formación de beca y de contrato da acogida al modelo de financiación de la formación del personal investigador conocido como modelo 2+2 o combinación de beca de investigación más contratación laboral; el catálogo de derechos y obligaciones del personal investigador en formación y de su organismo de adscripción; y, finalmente, los supuestos y las condiciones en las que procede la contratación laboral del personal investigador en formación.