Regulación de las empresas de inserción: marco normativo y análisis económico

Comentario de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre

Resumen

Durante décadas las empresas de inserción, aquellas cuyo objeto social es únicamente la inserción de personas en situación de exclusión social, han venido cumpliendo una impagable función social, sin contar con un régimen regulador adecuado, por tanto, a menudo en la «alegalidad». Aunque el volumen de personas empleadas a través de esta vía es reducido, al moverse en torno a los 4.000 trabajadores y ser pequeñas tanto sus dimensiones como su facturación, es evidente que cumplen un papel muy relevante y que, además, poseen una potencialidad significativa de crecimiento, pues el fenómeno de la exclusión social crece en nuestras sociedades. De ahí que desde antaño viniese suspirándose por una regulación legal a fin de no ya solo reconocerlas sino promoverlas.

La Ley 44/2007, de 13 de diciembre –BOE 14 de diciembre– ha venido a cubrir ese vacío. La aplicación de la ley no está exenta de notables problemas prácticos, al tiempo que su tramitación parlamentaria, muy intensa, ha enfrentado dos modos diferentes de entender las Empresas de Inserción. Asimismo, la existencia de legislaciones autonómicas previas planteará también algunas cuestiones relevantes en este terreno siempre resbaladizo del reparto de competencias entre la AGE y las CCAA.

El estudio que ahora se presenta tiene la particularidad de ofrecer un doble enfoque de las empresas de inserción. Uno netamente jurídico, en el que se exponen las singularidades de su régimen jurídico, en especial respecto de la ordenación que lleva a cabo de las relaciones laborales establecidas en el marco del proceso de inserción, y que ha supuesto nada menos que relanzar el polémico contrato de fomento de empleo temporal. El otro económico, en el que se da cuenta de los principales aspectos para poder tomar decisiones útiles en orden a la gestión de esta tipología especial de empresas.