La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo

Resumen

1. Hasta el momento, el principal afán de los juristas del trabajo –y de los juristas en general–, en el intento de comprensión del tsunami de legislación de autoridad gubernativa derivado de la pandemia de COVID-19, se ha centrado en exponer ordenadamente, al menos en lo –muy poco– posible, el inmenso arsenal de medidas laborales y sociales que aquella va, atropelladamente, incorporando, para afrontar la tragedia económica y sociolaboral generada por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus. En coherencia con ello, el editorial y el análisis de actualidad del número pasado lo dedicamos a esa necesaria misión expositivo-crítica inicial del nuevo entramado normativo (a la proliferación de reales decretos-leyes se sumaría la multiplicación de disposiciones de regulación ministerial –«derecho subterráneo»–). Esta fase del proceso jurídico-social está lejos de agotarse. El Real Decreto-Ley (RDL) 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, no solo busca complementar las varias lagunas de protección sociolaboral de los siete anteriores, también nova algunas –muchas– de las zonas más oscuras e inciertas de los precedentes, aunque con ello genere nueva inseguridad jurídica. Es un patrón común de esta sufrida técnica legislativa.