La versión parlamentaria de la reforma laboral 2012: mayor flexibilidad, mejoras técnicas y «versos sueltos»

Resumen

La reforma laboral de 2012 ha llegado al final de su trámite con la aprobación por el Parlamento español de la Ley 3/2012, de 6 de julio. El texto final presenta muchas enmiendas –85–, orientadas a mejorar técnicamente las medidas de reforma e, incluso, a introducir algunas correcciones de «rostro humano» –lo que llama el autor «versos sueltos»–. Sin embargo, el extenso número de cambios no debe llevar a engaño porque no solo el núcleo duro de la reforma no ha cambiado, sino que se ha intensificado. La palabra que sigue dominando el relato del nuevo modelo de regulación jurídico-laboral es «flexibilidad», pues el Parlamento ha introducido mayor flexibilidad para el empresario en la distribución de la jornada irregular y ha reducido el plazo de la llamada «ultraactividad» –prolongación de su eficacia más allá de la pérdida de vigencia prevista– a solo un año. En consecuencia, el discurso parlamentario avala y refuerza la configuración de los poderes colectivos de los trabajadores como disfuncionales para la economía mientras que los poderes privados del empleador serían más eficientes. Los datos estadísticos aparecidos hasta el momento en torno a los efectos de la reforma, que evidencian más despidos y más desempleo pese a los menores salarios, en un contexto de menor crecimiento, no parecen avalar tal convicción.

En paralelo, otro actor del proceso de producción jurídica, los jueces y tribunales, comienzan a construir su propio relato de la reforma laboral, que contrasta en parte con el que ha diseñado y propagado el Gobierno, primero, y ahora el Parlamento. Tanto las inercias del pasado, como la convicción de su papel de garantes de los principios y valores constitucionales de protección del trabajador, parecen estar en condiciones de seguir actuando como fuerzas de resistencia al cambio de modelo impuesto por el Parlamento. En consecuencia, el resultado final de la reforma dependerá también de las doctrinas y jurisprudencia triunfantes, forjadas desde el estudio y la aplicación de las nuevas «leyes», sin que necesariamente por ello tenga que cambiar el «Derecho».

En este estudio se hace un pormenorizado análisis de todas y cada una de las novedades de la Ley 3/2012 en relación con el Real Decreto-Ley 3/2012, presentándolas ordenadas según la finalidad dominante de política del derecho perseguida: más flexibilidad aún, mejoras de tipo técnico para recuperar parte de la seguridad jurídica perdida, mejoras humanitarias y nuevos compromisos de modernización de las políticas activas de empleo. Además, se da cuenta con detalle de las decisiones judiciales dictadas hasta el momento en relación con algunos de los temas más candentes de la reforma –aplicación temporal de las normas de salarios de tramitación; cómputo de la indemnización por despido improcedente; supuestos de nulidad de los despidos colectivos...–. Al final, se realiza una valoración de conjunto en torno a la validez y eficacia de esta reforma, evidenciando que lejos de cerrarse el proceso reformador, tan solo se habría escrito un nuevo capítulo, pues ya están en construcción otros nuevos.