La Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y en otras disposiciones legales y reglamentarias aprobadas a finales de 2012

Resumen

Siguiendo los precedentes de ejercicios anteriores, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, no solo aborda las obligaciones de gasto del sistema de la Seguridad Social para dicho año, así como las previsiones de ingresos con los que dar cobertura económico-financiera a aquellas, regulando, en tal sentido, la forma de determinar la cotización en 2013, así como la actualización de las pensiones y otras prestaciones periódicas, sino que, además, incorpora al ordenamiento jurídico todo un conjunto de disposiciones que afectan a los diferentes ámbitos del sistema de la Seguridad Social, como son el campo de aplicación, la cotización y la recaudación, la acción protectora o la gestión.

Asimismo, con efectos del 1 de enero de 2013, entran en vigor la mayoría de las previsiones contenidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que ha requerido que se hayan promulgado con anterioridad las disposiciones generales que permitan la aplicación y desarrollo de las mismas, a cuya finalidad responde la aprobación del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre. Pero no todas las disposiciones de la Ley 27/2011 han iniciado su vigencia en la fecha señalada, ya que las relacionadas con la jubilación anticipada y la jubilación parcial han sido suspendidas en su aplicación por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, disposición legal que, a su vez, ha modificado la regulación de los sistemas especiales de empleados de hogar, de trabajadores agrarios por cuenta ajena y de trabajadores agrarios por cuenta propia.

Por último, a finales del mes de diciembre y en el marco de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el uso indebido de la protección, se han aprobado dos disposiciones legales que alteran el ordenamiento de la Seguridad Social, como son la Ley Orgánica 7/2012, por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que implica una nueva regulación de los ilícitos penales en estos ámbitos, y la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

El análisis de todas y cada una de las cuestiones enunciadas es el objeto de este trabajo.