La ejecución dineraria laboral y la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 en la enajenación forzosa

Resumen

Accésit Premio Estudios Financieros 2001

La ausencia de estructura alguna en la regulación de la ejecución judicial de títulos que llevan aparejada ejecución en el orden laboral hace que los operadores jurídicos deban tomar como modelo la subsidiaria ley procesal civil desde su aparición como orden jurisdiccional autónomo.

La sustitución de buena parte de la centenaria Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 por la Ley 1/2000, de 7 de enero, procedimiento de ejecución incluido, le hace tomar el relevo en el sentido de que debe servir de marco del procedimiento de apremio laboral, inspirado en principios informadores bien distintos de los de justicia rogada, dualidad y contradicción propios del procedimiento civil.

Si oportuna fue la articulación del texto de la Ley de Procedimiento Laboral en 1989/90, no podemos decir lo mismo del texto refundido de 1995, ya que tanto en general como en sede de ejecución dineraria sólo ha supuesto un «baile» de artículos respecto al precedente sin ningún interés teórico ni práctico. En efecto: hace seis años a todas luces era más reivindicable la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, incluso de una adaptada Ley de Enjuiciamiento Criminal, que por cierto todavía no ha tenido lugar, que una «transformación» completa de la ley procesal social bajo la yerma justificación por una reforma laboral en 1994 que, aunque importante a nivel del Derecho del Trabajo, de poca trascendencia procesal. Su consecuencia se traduce hoy, vigente la nueva ley procesal general, en el hecho de que algunos de sus preceptos han quedado obsoletos tras sólo un lustro de vigencia.

En este trabajo se ha pretendido sin un estudio exhaustivo denotar, o mejor resaltar, algunos puntos del procedimiento laboral de ejecución dineraria en los que se aprecian nuevas disfunciones. Como una sencilla invitación a posteriores y más someros análisis.