Las dimensiones socio-laborales de la «lucha» contra la «violencia de género»

A propósito de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género –BOE de 29 de diciembre–

Abstract

El diseño teórico, y la realización práctica, de las denominadas «garantías jurídicas» idóneas para «remover» eficazmente las múltiples desigualdades sociales y económicas que hoy siguen padeciendo las mujeres es un problema técnicamente complejo y difícil. Por tanto, siempre aparecerá como especialmente discutida y discutible la opción que el legislador siga a tal fin. Ahora bien, al mismo tiempo, no cabe duda de que representa uno de los objetivos principales de cualquier política democrática del Derecho.

Este doble objetivo, técnico y político, es el que ha querido afrontar la LO 1/2004, si bien en la que todo el mundo considera hoy como la manifestación «más brutal» –y sangrienta– de la discriminación de la mujer en nuestras sociedades: la violencia de género, esto es, la ejercida por los hombres contra las mujeres por el solo hecho de ser tales. Desde luego no es ésta la única manifestación de la violencia que debe preocupar a los poderes públicos, tanto en esferas de la vida social extra-laborales como en el propio mundo del trabajo. No obstante, esta dimensión global de la violencia, que aparece hoy también como el riesgo ocupacional más grave que emerge en las organizaciones de trabajo, ha quedado fuera de una Ley que, sin embargo, se pretende a sí misma como «integral».

Pero aún situados en el ámbito más restringido seleccionado para el ámbito de protección de la LO 1/2004, lo cierto es que la tutela eficaz frente a la violencia de género no puede prescindir del reconocimiento de derechos y garantías de índole laboral, de Seguridad Social, ocupacionales y de acción social asistencial. Aunque de una forma quizás excesivamente limitada para lo que cabía esperar, este catálogo de derechos aparece en la LO 1/2004. El presente estudio ofrece el primer análisis disponible al respecto sobre los aspectos o dimensión socio-laboral de la Ley de protección integral contra la violencia de género. En él se aporta un cuadro completo de todas las reformas, tanto del Estatuto de los Trabajadores –y la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública– como de la Ley General de Seguridad Social, y se evidencian los principales problemas prácticos que generará su aplicación. A la espera de una práctica o experiencia que ponga de manifiesto la verdadera dimensión de los cambios, el estudio se atreve a ofrecer las soluciones a los mismos que resultan más razonables.