Relaciones laborales, política de empleo y compra pública socialmente responsable: las cláusulas sociales en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público

Resumen

Más del 25% de la riqueza española se genera a través de la contratación o la compra pública de obras, bienes y servicios. Sin embargo, por lo general, esta vía a menudo queda completamente al margen de los fines sociales que la Constitución impone realizar a los poderes públicos, dominando también en este sector, además de una extrema rigidez burocrática, los principios liberales y mercantiles que mandan en la ordenación de la economía. La aprobación de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público –LCSP–, publicada el 31 de octubre pero que ha entrado en vigor el 1 de mayo –6 meses de vacatio legis–, ha suscitado un gran interés por las enormes posibilidades de negocio que abre. De ahí que se hayan ya publicado varios libros, explicando con «pelos y señales» su significado y sus novedades, que se hayan celebrado varias decenas de encuentros, jornadas y seminarios…

Ahora bien, ¿quién ha reparado en que en la LCSP aparece por vez primera en nuestro Derecho un régimen regulador de las Cláusulas Sociales, esto es, una figura dirigida a orientar social –y ecológicamente– la compra pública? Las nuevas vías para instrumentar la política de contratación pública de cada Administración –si es que existe algo así y no la pura «Ley de la Selva» (o de la especulación del «ladrillo»)– al servicio de fines de política sociolaboral (creación de empleo, inserción laboral de las personas discapacitadas y en exclusión; estabilidad en el empleo; garantía de derechos laborales básicos en toda la cadena de valor y ¡hasta el Comercio Justo!) no han contado todavía con un estudio o análisis que evidencie su significado y alcance, sus oportunidades y sus límites, sus luces y sus sombras. Pues bien, este estudio pretende ofrecer ese análisis, exponiendo el régimen jurídico en sus aspectos más relevantes para los juristas del trabajo, a modo de guía de implantación, así como sus límites. El instrumento se presenta como una alternativa seria de ese concepto tan en boga como es la Responsabilidad Social de la Empresa –RSE–, que a menudo termina reflejando más que una ética una pura cosmética de los negocios.