El derecho a la salud laboral con perspectiva de género

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de julio de 2019 (rec. 369/2019)

Resumen

El derecho a la salud laboral dispone en nuestro siglo de una protección multinivel reforzada. Ello ha sido el resultado de una larga andadura jurídica y social, muchas veces empedrada, iniciada a principios del siglo pasado, que ha ido evolucionando hasta nuestros días. Por suerte, en la actualidad, una nueva cultura laboral ha colocado el derecho de las personas trabajadoras a la prevención de riesgos en un lugar prevalente en coherencia con un Estado social y democrático de derecho. Así, el mandato constitucional del artículo 40.1 de la Constitución española (CE) que ordena a los poderes públicos velar por la «seguridad e higiene» en el trabajo ha sido desarrollado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL), que traspuso la Directiva Marco 89/391/CEE y engarza a efectos sancionadores con el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (LISOS). Las sanciones se configuran con una clara función jurídica, social y disuasoria que se extiende al ámbito de la prevención de riesgos, al afectar a la salud de la persona trabajadora (art. 15 CE), que puede ser vulnerada no solo cuando se daña efectivamente, sino también cuando se pone en peligro (Sentencias del Tribunal Constitucional 62/2007 y 160/2007). Tal protección se reproduce a nivel de la Unión Europea (UE), del Consejo de Europa, y a nivel internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT).