La «vinculación» a la jurisprudencia comunitaria como condición de efectividad de la tutela judicial: Impacto socio-laboral

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 232/2015, de 5 de noviembre

Resumen

La instrumentación jurídica del proceso de integración europea se reconoce de forma clara en el artículo 93 de la Constitución Española –CE–, consecuentemente, el principio en virtud del cual se articulan las relaciones entre ambos ordenamientos, el nacional y el comunitario, la primacía de este sobre aquel, quedó consagrado en la CE. Asimismo, según el artículo 96 de la CE, los tratados comunitarios –y más particularmente, por lo que aquí interesa, el art. 234 del Tratado de la Comunidad Europea (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–) forman parte del Derecho interno; por ello la «Cuestión Prejudicial» configura un instrumento al servicio de los jueces para la depuración del Derecho nacional. Ahora bien, como se encargó de recordar el Tribunal Constitucional –TCO–, tratando de salvaguardar un espacio propio y autónomo de jurisdicción, esta integración del principio de vinculación más fuerte al Derecho comunitario respecto de la Ley nacional no dota al Derecho de la Unión Europea –UE– de una fuerza directamente constitucional (STCO 215/2014, FJ 3.º). Eso sí, frente al típico modelo de control de constitucionalidad concentrado –en el TCO, sin perjuicio de la Cuestión de Inconstitucionalidad (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –LOPJ–)–, propio del Ordenamiento interno, el Derecho de la UE establece un modelo de control de la juridicidad comunitaria difuso o desconcentrado, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria declarar la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la UE (STJCE de 16 de diciembre de 2008, asunto C-213/07, caso Michaniki; STCO 145/2012, FJ 5.º).