Del «silencio» de la ley a la «ley del silencio»: ¿quién teme a la lucha de la Inspección de Trabajo contra el acoso moral en las Administraciones públicas?

Argumentos normativos para la «ilegalidad» y no vinculatoriedad del pretendido criterio «técnico» sobre «mobbing» de la DG de ITSS –CT 34/2003–

Resumen

En este trabajo se realiza un comentario crítico del denominado CT 34/2003, elaborado por la DGITSS para excluir el acoso moral en el trabajo de la actuación inspectora desde la perspectiva preventiva. La consecuencia más inmediata en el plano práctico es la exclusión de su ámbito de actuación de los funcionarios públicos, cualesquiera que sea el ámbito administrativo donde presten sus servicios. De este modo, tales trabajadores, pese a estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de la LPRL, se verán obligados bien a ponerse en manos de la Inspección de Servicios, que hasta el momento han acreditado una actuación muy deficiente, cuando no nula al respecto, por cuanto desconocen de raíz el marco normativo aplicable, bien a conducir sus actuaciones por el intrincado y proceloso mundo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en línea con lo sucedido en el supuesto de la STS 23-7-2001. Para el autor, sin embargo, tal criterio técnico choca frontalmente con la legalidad vigente en esta materia así como con el propio criterio técnico evidenciado por el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, por lo que la perplejidad no puede ser mayor. De ahí que, analizando tanto el concepto jurídico-preventivo de «acoso moral en el trabajo» como los fundamentos jurídicos de su tutela, a la luz del ordenamiento español de Seguridad y Salud, que hasta el momento había pasado por ser uno de los más modernos e innovadores del mundo, no obstante el fuerte revés de su incumplimiento práctico –quizás por esa misma ambición normativa–, el autor proponga la no vinculatoriedad de tal criterio para las Jefaturas Provinciales de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La inaplicación del criterio técnico, en tanto se determine su nulidad, o su corrección en vía interpretativa por los propios inspectores, no sólo tiene fuerte asidero legal sino que incluso viene posibilitado por el mismo CT 34/2003, que ha dejado un resquicio abierto para aplicar la legislación preventiva en preferencia a la laboral.